La emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19, creó otra emergencia en Puerto Rico con el sistema educativo tanto público como privado del país. Para hacerle frente a esta situación, el senador por el distrito de Guayama, Axel “Chino” Roque Gracia, presentó dos resoluciones conjuntas. Ambas resoluciones fueron aprobadas el día de ayer en el Senado de Puerto Rico.
La resolución 512 busca que toda Institución Educativa Privada establezca requerimiento mientras dure la pandemia COVID-19 al derecho de los estudiantes a recibir educación, descuento en las mensualidades y establecer parámetros en el ámbito laboral de los empleados del Colegio. También establecer en un Comité de Trabajo para el año académico 2020-2021 para que las instituciones educativas privadas se preparen para cualquier contingencia que sea necesaria.
Por otra parte, la resolución 511 pretende que el Departamento de Educación equipare la escala de precios de los profesionales y proveedores de servicios brindando servicios a distancia a los estudiantes de educación especial, con las tarifas que se les paga cuando ofrecen los servicios presenciales.
“Como educador, siento una responsabilidad con los cientos de estudiantes que hoy en día siguen con la incertidumbre de lo que pasará con su semestre escolar. Aunque se decretó el impartir clases virtuales en el sistema público y privado del país, todavía hay situaciones que deben trabajarse. Muchos padres se están enfrentando con condiciones preocupantes”, mencionó Roque García.
En la resolución conjunta 512 también explicó que las instituciones privadas continúan cobrando la mensualidad como de costumbre sin tomar en cuenta que muchos padres no están teniendo ingresos y además ha habido un incremento en las deudas del hogar.
La Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado es la entidad que regula a las escuelas privadas en Puerto Rico, por tal razón, la resolución busca requerirle que hagan todo lo posible para garantizar que el presente año académico se complete de forma óptima y sobre todo que ningún estudiante se vea afectado en continuar sus estudios.
“Presentando esta resolución también buscamos que a ningún estudiante se le prive de educación en iguales condiciones, incluyendo por razones de falta de pago de matrícula o mensualidades. También que toda institución educativa privada les ofrezca a los padres un descuento de acuerdo con la manera en la que el estudiante está tomando clases”, sostuvo el Senador.
Roque mencionó que estas iniciativas buscan que ningún estudiante de institución educativa privada alguna se vea limitado de concluir su año académico en igual condiciones que los demás compañeros de clase.
En cuanto a los empleados de las instituciones privadas, el Senador incluyó en la que como resultado de la emergencia producto de la pandemia del COVID-19, se deben establecer diferentes parámetros como que ningún empleado docente o no decente deberá ser removido de su trabajo o suspendido sin paga por el periodo restante del año académico. Si la institución necesita hacer ajustes salariales deberá realizarlo con el asesoramiento de la Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado, en consulta con el Departamento del Trabajo.
Consecuente con atender la situación de los empleados de educación, la resolución 511 pretende que se le equipare su sueldo a los terapistas físicos, ocupacionales, psicológicos, educativos, del habla y lenguaje que continúan brindando servicios a los estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico.
“A pesar de la situación en la que nos encontramos atravesando como país, tenemos una responsabilidad con todos los estudiantes de Puerto Rico para que continúen recibiendo una educación de calidad. También tenemos un compromiso con los empleados que se encargan de atender a los estudiantes. Es nuestro deber brindarle las herramientas que necesiten para lograrlo”, añadió.
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