Las medidas del gobierno no son salubristas, más bien propias de una ley marcial. Asegura Presidente CAAPR

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El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Manuel Román Espada, autoriza las siguientes expresiones en torno a la orden ejecutiva que extiende el toque de queda:

“La segunda extensión del toque de queda, hasta el 3 de mayo de 2020, requiere de enmiendas y aclaraciones indispensables.

Diversas organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, hemos solicitado la constitución de un Task Force social, que integre al diseño de la política pública de emergencia los asuntos que atañen a la protección de la población en situaciones de vulnerabilidad. Esta semana se produjo una reunión en la Fortaleza, a estos efectos. Sin embargo, durante su anuncio de esta tarde, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se expresó sobre el particular, ni estuvieron presentes representantes de este sector. La protección de las personas sin hogar, menores de edad, adultos mayores, personas privadas de su libertad, refugiados por los sismos, víctimas de violencia doméstica y pacientes de diversas condiciones crónicas debe ser objeto de ajustes necesarios al toque de queda. 

Algunas medidas adoptadas por el poder ejecutivo y ciertos municipios no responden a recomendaciones salubristas. Más bien se tratan de un ejercicio de control o restricción de derechos, propios de una ley marcial. Son medidas contrarias a los derechos fundamentales del pueblo ante el poder político de las autoridades. Es un buen momento para establecer que los cierres de vías públicas, las intervenciones sin causa de la Policía o los controles a transeúntes no forman parte de ninguna recomendación salubrista ni se ha demostrado que contribuyen a reducir la propagación del virus COVID-19. Puerto Rico no es una monarquía y los municipios no son feudos medievales.

El fin legítimo del toque de queda debe ser la prevención del contagio, y no un pretexto para el control ciudadano e individual por parte del Estado. Recordemos que los derechos fundamentales no se renuncian ni pueden ser suprimidos por un toque de queda mediante una orden ejecutiva. Hacemos un llamado a la sensibilidad. Estaremos vigilantes a los excesos de poder.

Por otro lado, el toque de queda debe incluir expresamente el derecho de la ciudadanía a presentar aquellos recursos judiciales de emergencia reconocidos como esenciales por la Rama Judicial. Ello implica la necesidad de representación legal. Lo solicitamos por carta a la gobernadora el pasado 17 de marzo, lo dialogamos con el secretario de Asuntos Públicos, y a esta fecha, no se ha atendido un asunto tan fundamental como el reconocer lo que la Rama Judicial ha identificado como procesos judiciales disponibles durante la emergencia. Se trata de un asunto de acceso a la justicia que necesita estar incluido en la orden ejecutiva”. 

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