¿A quién “protege” Segundo?

Opinión

  Tan pronto tomé la decisión de titular este escrito de la manera en que lo hice vino a mi memoria la famosa novela del insigne novelista colombiano Gabriel García Márquez titulada: Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque estoy seguro que tan pronto muchos de ustedes lo lean, sin mucho pensarlo van a contestarse a quien protege pues, como sabemos, dicha novela narra la historia de una joven que el mismo día de su boda el novio la devuelve a su familia por no ser virgen, lo que según la costumbre obliga a sus hermanos a matar al autor de aquella ofensa. Sus hermanos inician la búsqueda del ofensor, durante la misma pregonan su propósito, al fin lo encuentran y lo matan. Además, he escrito “protege” porque es probable que la palabra adecuada no sea esa. Veamos.

Con lo poco que conozco sobre el Dr. Segundo Rodríguez Quillinquini (en adelante Dr. Rodríguez), y a pesar de que está impugnado como rector tanto por la facultad como el estudiantado del Recinto de Ciencias Médicas, puedo afirmar, que es un buen médico cirujano, exitoso profesional y económicamente. Además, puedo afirmar que aceptó la honrosa y delicada tarea que la gobernadora le encomendó en la crisis que nos afecta, gratuita y desinteresadamente, sin cobrar un solo centavo. Pero me pregunto, por qué ha caído enredado en el embrollo de la compra de unas pruebas para detectar el Covid-19, a una empresa de construcción que nunca había manejado productos de salud, a un precio cuatro veces mayor que su precio de mercado, por 38 millones de dólares, de los cuales le adelantaron 19 millones a esa empresa que nunca había manejado una cuenta de tal magnitud representada por un ex funcionario del gobierno despedido recientemente, miembro destacado y cotizante del PNP. 

Varias funcionarias del gobierno han declarado bajo juramento en una vista pública, que  celebra la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que el Dr. Rodríguez ordenó la compra de esas pruebas y el adelanto de la mitad del precio. Confrontado con tales declaraciones durante la referida vista, el Dr. Rodríguez declaró bajo juramento que él no había tomado esa decisión, que se limitó a seguir instrucciones, y en un desliz afirmó que la instrucción “vino de arriba”. Cuando se le requirió que aclarara que quería decir cuando afirmó que la instrucción “vino de arriba”, luego de titubear dijo que el General Burgos, quien ocupa el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (CMEAD) dio la instrucción. Confrontado con que el Comisionado no está en un nivel superior al suyo insistió en su respuesta.  

¿Quién puede estar más arriba que el Dr. Rodríguez en esa encomienda? No hay que ser un genio para concluir que la única persona que está por encima del Dr. Rodríguez es la que lo nombró, la gobernadora. Ello nos lleva a preguntarnos: ¿por qué el Dr. Rodríguez se negó a contestar una pregunta aparentemente tan sencilla?  Porque si bien la pregunta es sencilla, la respuesta tiene consecuencias complejas. Veamos.  Primero, es evidente que en esa venta el vendedor obtendría una ganancia millonaria exagerada, alrededor de 19 millones de dólares, ya que los productores de esta mercancía no la producen y despachan a menos que se le pague por adelantado la totalidad del precio, incluyendo el transporte. Segundo, la práctica de las compras del gobierno no incluye el pago por adelantado del precio ni parte del mismo. Tercero, en la práctica de compras del gobierno una transacción de esa magnitud no se realiza en un término tan breve como en el que se realizó esta. Cuarto, cualquier transacción que conlleve la erogación de más de 10 millones requiere la aprobación por la Junta de Control Fiscal. La aprobación de una transacción en esas circunstancias es razonable que induzca a cualquier persona razonable, incluyendo al Dr. Rodríguez, a dudar de su ética o legalidad o a sospechar que detrás de esa transacción haya algo nebuloso, a dudar de los motivos y la legitimidad de la misma. Por eso, es probable que el Dr. Rodríguez, en vez de contestar la verdad a sabiendas que con ello responsabilizaba a la gobernadora por la autorización de esa transacción de dudosa legitimidad, se haya negado a contestarla como medio de protegerla.  

Dudo mucho que el Dr. Rodríguez pudiera pensar que la gobernadora autorizara esa transacción, para lucrarse personalmente porque la gobernadora ha sido una profesional exitosa que le ha facilitado una comodidad económica en su vida. Dudo mucho, también, que el Dr. Rodríguez pudiera pensar que la gobernadora fuera tan ingenua para no darse cuenta que esa transacción era un asalto al patrimonio público. Sin embargo, no nos cabe duda de que el Dr. Rodríguez está consciente de que la gobernadora es pre candidata a la gobernación por el PNP, lo que la obliga a enfrentarse al Lcdo. Pierluisi en unas primarias próximamente. Que este tiene montado un equipo de trabajo, incluyendo a gran parte de la mayoría PNP en la Cámara de Representantes, ha tenido la oportunidad de levantar una suma sustancial de fondos para esa primaria, que es sumamente costosa mientras la gobernadora ha tenido que concentrar sus esfuerzos desde enero en los problemas causados por los terremotos y sus réplicas en el sur del país y desde marzo en la pandemia que agobia a nuestro pueblo, que no cuenta con un equipo de trabajo articulado para su campaña y se ha visto  impedida de llevar a cabo una campaña de recolección de fondos.  Nos preguntamos: ¿no será que el Dr. Rodríguez pensó que el Lcdo. Maldonado ofreció a alguien hacer una donación sustanciosa a la campaña de la gobernadora a cambio de la aprobación de esa venta? ¿No será esa la razón para que el Dr. Rodríguez haya intentado proteger a la gobernadora en su declaración? ¿Habrá tenido el Dr. Rodríguez conocimiento de algo así? ¿Estará el Dr. Rodríguez protegiéndola o encubriéndola? Juzgue usted. 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de abril de 2020.

Luis Toro Goyco

Luistoro85@gmail.com

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