Durante los últimos años, y a raíz de la creciente influencia de las redes sociales en la formación de opinión pública, hemos sido testigos de incidentes en los que periodistas -algunos miembros de esta organización- publican comentarios sobre temas o sucesos noticiosos que, a su vez, generan reacciones negativas o el repudio generalizado contra ellos o contra los medios para los cuales trabajan. No nos referimos a cualquier tipo de expresión, a la que tienen derecho los periodistas, sino a las que son destempladas, fraguadas en el calor del evento, carentes de profundidad de análisis, de rigor ético y, en ocasiones, cargadas de epítetos o frases que incitan a la violencia.
A raíz de ese historial y en el marco de las expresiones recientes de un colega sobre los casos de alegado acoso sexual contra menores atribuido a varias personas que mercadean productos y servicios a través de aplicaciones o páginas cibernéticas, la Junta de Directores del Overseas Press Club (OPC) expresa su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de corte machista, homofóbico y/o violento vertida por periodistas. Como comunicadores e informadores tenemos la más alta responsabilidad de que nuestras palabras lleven siempre el mensaje correcto, tanto en nuestros reportajes escritos, radiales, televisivos y digitales como en nuestras redes sociales. Debemos reconocer, además, que estas últimas pueden tener tanto o más alcance que las plataformas de los medios para los que trabajamos, por lo que nos corresponde ser aún más prudentes y cautelosos con lo que publicamos.
“El furor y el coraje de un hecho noticioso, por más repudiable que sea, no debe ser razón para fomentar más violencia en el país. La ética y el rigor periodístico exigen más de todos nosotros”, expresó el presidente del OPC, Luis Guardiola.
Por otro lado, la Junta de Directores del OPC se solidarizó con las víctimas de violencia de género en la isla y las exhortó a buscar la ayuda necesaria para salir de ese ciclo y seguir adelante con sus vidas. La exhortación se extiende a las autoridades de ley y orden, para que investiguen como es debido y adjudiquen la responsabilidad correspondiente.
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