Expresiones autorizadas del director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero Díaz

“Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no lo menciona en su demanda, el Gobierno de Puerto Rico produjo sobre 1,000 páginas y 202 documentos relacionados a las negociaciones de los contratos para las pruebas del COVID19 y otros equipos o suministros médicos durante el estado de emergencia, decretado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Desde el primer día, la AAFAF ha cooperado con la JSF, produciendo documentos a la JSF, solicitando información a las agencias concernidas y ofreciéndole a la JSF la oportunidad de reunirse con funcionarios de las agencias concernidas para explicar la situación y revisar documentos. La JSF se negó a este proceso. 

A pesar de haberse producido sobre 1,000 documentos, la JSF alega que aún falta información por producir. En ese sentido, el Departamento de Salud solicitó a la JSF una prórroga para identificar y/o corroborar la existencia de los documentos solicitados por el ente federal ante la insistencia de entregar documentos, que ellos ya tienen en su poder. Además, PREMA certificó que entregó toda la información concerniente a este asunto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por su parte, ha entregado múltiples documentos a la JSF.

Por lo pronto, evaluaremos la demanda, la cual representa un despilfarro innecesario de fondos públicos por parte de la JSF en momentos donde PR atraviesa una pandemia, que ha provocado un impacto severo en la economía de nuestra isla.

A pesar de la cooperación del Gobierno durante los últimos meses en cuanto a este asunto, la JSF ha decidido demandar y provocar un cuestionable gasto de fondos públicos para gastos legales”, expresó el director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero Díaz

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