El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, la Alianza Autismo de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y Educación Pública, y organizaciones afines en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, denunciaron hoy que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, atentan una vez más contra las poblaciones más vulnerables. Ayer, miércoles 10 de junio, el Senado de Puerto Rico aprobó con ciertas enmiendas, el P de la C 1945, contra las recomendaciones de representantes de estudiantes con diversidad funcional, registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.
Este Proyecto, propone derogar la Ley 51-1996 y crear la “Ley de Educación para Niños con Discapacidades en Puerto Rico”. Además de excluir a infantes menores de tres años, que están protegidos por la Ley 51 de Servicios Educativos Integrales vigente, conlleva cambios perjudiciales a la sentencia emitida en el 2002 en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez y Otros vs Departamento de Educación. Por ejemplo, al extender el término dentro del cual debe ser redactado el Programa Educativo Individualizado (PEI) y comenzar la provisión de servicios, luego del Registro en el Programa de Educación Especial.
Además de otros ya mencionados, el grupo señaló los siguientes puntos por los que el Proyecto de Ley debe ser vetado por la gobernadora:
- Aumenta la estructura burocrática en las regiones educativas con una gran cantidad de personal.
- Establece el riesgo de aumentar la politización partidista en un programa tan importante, al requerir que la persona que dirige la Secretaría de Educación Especial sea nombrada en Fortaleza y confirmada por el Senado, al igual que las que sean nombradas como jueces y juezas administrativas, cuyos salarios serían equivalentes a los del Tribunal de Primera Instancia.
- Generaría un aumento en costos innecesario, que afectaría aún más la disponibilidad de servicios.
- Crea la figura llamada “Defensor de Menores con Diversidad Funcional” y una Junta Examinadora de estos, que les otorgaría licencia, impondría cursos que deben tomar, aunque solo se les requiere diploma de escuela superior y ser ciudadanos de Estados Unidos. La legislación permite que las familias estén acompañadas en los procesos, por las personas y organizaciones que ellos determinen para ofrecerles apoyo y consejería, pero no hace referencia alguna a certificaciones, licencias, cuotas ni tarifas.
Finalizaron señalando, que el proyecto de ley es innecesario, altamente costoso y no responde a una petición de la población afectada; sino al capricho de un legislador, cuyo interés por la población de Educación Especial es cuestionable. Hicieron un llamado a la sociedad defensora de los derechos humanos, a exigir el veto de la gobernadora, si dicho proyecto llegara a su escritorio.
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