El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) presentó hoy los resultados de su estudio “Retrato del Fraude en Puerto Rico 2020” en su sede en Hato Rey. También estuvieron representantes de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (CFE, por sus siglas en inglés), el Instituto de Auditores Internos (CIA, por sus siglas en inglés) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, quienes colaboraron en su realización.
“El término fraude ocupacional puede definirse como aquellos actos cometidos por empleados con el objetivo de obtener beneficios económicos por medio de la utilización indebida o la apropiación ilegal de los recursos organizacionales y la manipulación de los estados financieros. Este estudio tiene el propósito fundamental de recopilar información sobre la incidencia de fraude ocupacional en el gobierno y en la empresa privada, el costo relacionado a los actos fraudulentos y las medidas que podrían prevenir estos lamentables incidentes”, explicó el CPA David E. González Montalvo, presidente del CCPA.
En este estudio participaron 44 personas que habían experimentado y participado en la investigación de algún incidente de fraude en Puerto Rico en los pasados 2 años (desde enero 2018 hasta diciembre 2019) y que dicha investigación haya concluido y el perpetrador haya sido identificado. También, adicionalmente participaron 22 expertos en fraude y de 167 a 192 participantes en varios sondeos.
“El fraude es un problema que afecta tanto a las pequeñas como a las medianas y grandes empresas. El Estudio realizado por el Colegio provee un retrato o fotografía de esta actividad delictiva en la isla. Los esquemas de fraudes ocupacionales pueden ser tan simples como la apropiación de libretas, tintas de impresoras y otros suministros de oficina, hasta complejos esquemas para mejorar resultados operacionales, o esconder obligaciones en los estados financieros y otros”, indicó el CPA Eduardo González-Green, presidente del Comité Retrato del Fraude 2020 del CCPA.
El estudio concluyó que el costo del fraude es al menos 3.5% de los ingresos brutos, lo que representa $2,381.7 millones para nuestra economía. Al igual que en el estudio de fraude de 2018, en la clasificación de Apropiación de activos, las compañías/entidades con ventas menores de $5 millones informan una pérdida mayor que las compañías/entidades con ventas superiores.
“Basado en el alto costo, las compañías/entidades deben evaluar sus políticas, procedimientos, controles internos y las actividades de auditoría. Es importante continuar con el proceso educativo a los empresarios, porque cualquier industria puede ser víctima. Para siete de cada diez participantes del estudio, el hecho de tener controles internos deficientes es el factor principal que permite el fraude ocupacional”, expresó el presidente del CCPA
Por su parte, el CPA González-Green añadió que “el activo más apropiado es el efectivo. La creación de documentos físicos fraudulentos y la alteración de documentos resultaron ser los esquemas principales, por consiguiente, recomendamos fortalecer los procesos de intervención (que incluye el 3 way matching), entre otros asuntos”.
El estudio también reveló que la detección del fraude se conoce por confidencias en un 62% y por las auditorías internas en un 33%. Un hallazgo interesante fue que sólo un 65% de las compañías/entidades encuestadas poseen un sistema formal para recibir querellas. También, a diferencia de estudios anteriores, la cantidad de mujeres perpetradoras aumentó.
Como parte del estudio, el CCPA presentó nueve recomendaciones para combatir la corrupción gubernamental. De esas, resaltan tres, siendo la primera “aumentar los recursos para los entes fiscalizadores.” Con los recursos, capacidades y herramientas necesarias, las entidades fiscalizadoras tendrán mayores posibilidades de implementar soluciones preventivas y correctivas para garantizar cumplimiento, y proteger los fondos y las funciones públicas. La segunda se enfoca en promover un gobierno abierto y digital. “Esto se debe a que, si bien se ha visto un aumento en el número de portales de gobierno, la información no está divulgada de manera clara, accesible, completa e integrada, dificultando así el acceso a los datos confiables y su análisis”, indicó Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido y miembro del Comité Retrato del Fraude.
La tercera recomendación principal es la de promover la participación, monitoreo y fiscalización social en la gestión pública. “El gobierno debe unirse a la Alianza de Gobierno Abierto e implementar sus principios, asignando un comité de transparencia liderado por una entidad independiente y en colaboración con la sociedad civil, para desarrollar una política de gobierno abierto, definiendo todos los mecanismos y requerimientos de participación e inclusión social”, añadió Masses. La Alianza de Gobierno Abierto, es una organización internacional que desde el 2011 apoya y promueve gobiernos transparentes, que rindan cuentas y colaboren con la sociedad civil en el diseño, el desarrollo y la ejecución de la gestión pública. La misma cuenta con más de 78 miembros nacionales y múltiples miembros subnacionales comprometidos con el desarrollo de gobiernos abiertos, inclusivos, íntegros y eficientes.
“El primer paso para prevenir el fraude es reconocer que existe el riesgo y que es necesario comprometerse para combatirlo. Para enfrentarlo es necesario fortalecer el proceso de reclutamiento de personal, asistir a adiestramientos, leer sobre el tema y utilizar los recursos disponibles para evitarlo”, concluyó el CPA González Montalvo.
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