De acuerdo con un censo del propio Departamento de Educación hay 80,000 estudiantes «desaparecidos» porque no tienen actualizado el Sistema de Información Estudiantil (SIE) con la matrícula en línea que llenan los encargados anualmente. Esto, a pesar del titánico y loable esfuerzo del magisterio por contactarlos con la información provista por la agencia.
El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) repudió y calificó como «una manera soez de financiar empresas educativas privadas con dinero público» el aumento de la entrega de vales educativos mediante loterías y la expansión de escuelas chárter. Denunció estás acciones del Departamento de Educación como «un intento de debilitar y destruir la escuela pública».
El Secretario de Educación anunció que la agencia otorgó para este año escolar 878 vales educativos, aun cuando había estimado que concedería este subsidio a unos 2,500 estudiantes. Sin embargo, esto representa más del doble de los 407 otorgados el año pasado y representa una erogación de $2 millones en fondos públicos.
«Esto ocurre en medio de un escenario donde el Departamento de Educación violenta el derecho constitucional de nuestros niños, niñas y jóvenes. Hay todavía 190,000 estudiantes sin computadora, sin acceso a internet, sin módulos para estudiar y el secretario Eligio Hernández despilfarra el dinero de la educación apuntalando escuelas y colegios privados», señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.
«Mientras cientos de escuelas que fueron cerradas injustamente están abandonadas, vandalizadas y en constante deterioro, el gobierno sigue planes para beneficiar y lucrar colegios privados. Es absurdo continuar estableciendo escuelas chárter para desviar fondos públicos a empresas privadas ignorando las necesidades tecnológicas y académicas de miles de estudiantes en medio de una pandemia», señaló Liza M. Fournier Córdova, presidenta de UNETE.
«Se indica que el Departamento se propone conceder la categoría de escuela chárter a dos colegios privados, uno en Toa Baja y otro en Vega Baja. Esto, de lo que trata es de transferir millones dólares de fondos públicos a las arcas de estas empresas, promoviendo el desmantelamiento de la escuela pública», dijo Migdalia Santiago, presidenta de EDUCAMOS.
El FADEP explicó que «la Constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente el uso de fondos públicos para financiar empresas educativas privadas pero, aprovechando una mayoría partidista en el Tribunal Supremo, el gobierno de Ricardo Rosselló logró burlar esta disposición».
«Todo esto es un plan orquestado para desmantelar la educación pública del país. Han aprovechado huracanes, terremotos y tragedias para cerrar escuelas, hacinar estudiantes y reducir personal. Ahora usan la pandemia para seguir privatizando y favoreciendo a los que se enriquecen con el dinero de nuestros estudiantes», señaló Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial.
El FADEP emplazó a los candidatos a la gobernación de los distintos partidos a comprometerse con detener y revertir la privatización en el Departamento de Educación, eliminar las escuelas chárteres y los vales educativos. «Esto se logra derogando la Ley 85 de falsa reforma educativa rechazada por todos los componentes de la comunidad escolar. A esos efectos, estaremos enviándole a todos los candidatos un compromiso donde dejen plasmado su compromiso para derogar tan nefasta ley», advirtieron.
Terminaron señalando que se proponen junto a otros sectores a coordinar un debate con los candidatos a la gobernación, tocando el tema particular de educación. «El magisterio es un sector decisivo en estas elecciones, y quien quiera gobernar, tiene que ser aliado de la educación pública. No hay espacio para neutralidades», culminaron los dirigentes del FADEP
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