Ha pasado un año de su muerte a manos de un policía, y su familia aún no sabe qué pasó

Este día de Navidad se cumplirá un año desde que el agente Raymundo González Candelaria mató a Hernán Monroig Barreto tras este haber impactado su guagua accidentalmente con su vehículo.

Hernán tenía 41 años y venía de celebrar la Nochebuena con su mamá y su papá, sus hermanas, hermanos y sobrinos. Según la versión de la Policía, el hombre impactó el vehículo del Agente Raymundo González Candelaria, quien iba acompañado de su familia durante la madrugada del día de Navidad en el Bo. Corrales, Aguadilla.

El oficial González alegó que, cuando se acercó a Hernán, este alegadamente lo golpeó con un objeto contundente. El policía, quien se encontraba fuera de sus horas de trabajo, le disparó 3 veces, provocándole la muerte. Se desconoce qué ocurrió entre el momento en que se produjo el choque y el momento en que alegadamente Hernán golpeó al agente. Pero, mientras el oficial salió con un hematoma leve en el brazo, Hernán murió al momento.

En este video de Kilómetro Cero, la familia Monroig Barreto pide justicia para la memoria de su hermano y exige poder ver un video recopilado en la escena. Existen videos de la escena en ese momento pero el Estado no ha accedido a mostrárselos a la familia. A doce meses de su muerte, la familia Monroig Barreto no ha sabido de absolutamente ningún avance con la investigación criminal. La Policía ni siquiera ha entregado el vehículo de la víctima.

«El trabajo de la Policía NO es matarnos», dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. «La Policía no tiene licencia para matar. Ante una situación tensa, los oficiales están obligados a utilizar estrategias NO violentas para apaciguar, especialmente cuando la persona intervenida no porta un arma de fuego. Los policías NO pueden escalar las situaciones ni utilizar el arma de fuego ligeramente. Solo pueden utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida».

Como ha dicho Kelly McMahill, jefa de Las Vegas Metropolitan Police Department en un panel reciente titulado ‘Calming a Crisis: Strategies to Reduce the Use of Force’ : «Un tiro legal es una cosa pero, como policía, tienes que preguntarte: ¿Era absolutamente necesario disparar? En el momento en que apretamos el gatillo es posible que fuera justificado, pero en qué medida fueron nuestras malas tácticas, toma de decisiones o la falta de desescalamiento lo que condujo a ese tiro? ¿Realmente no tienes otra alternativa que apretar ese gatillo?»

Desde 2018, al menos 33 personas han muerto por uso de fuerza o bajo custodia policial en Puerto Rico. 

A los agentes responsables de estas muertes en Puerto Rico, no se les han radicado cargos criminales. El Estado ha justificado todas estas intervenciones letales como “legítima defensa” y los fiscales no someten los cargos, a pesar de que en algunos casos engañan a las familias asegurando que los presentarán.

En Kilómetro Cero llevamos un monitoreo de estos casos para propósitos de análisis y abogacía pública. 

Es evidente que en nuestro país existe una cultura de impunidad ante el abuso policiaco. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inaceptable.


¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEMOS? 

Puerto Rico necesita una Policía profesional, cuyas acciones cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. También requiere de mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas que aseguren la confiabilidad en este servicio público. Es urgente fomentar la transparencia en sus procesos, facilitar y asegurar el acceso a la información pública y comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales. Toda instancia en que un/a integrante de la Policía enfrenta una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona en cumplimiento de sus funciones, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma policía. Si la investigación demuestra culpabilidad en la acusación, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a esta persona, como a cualquier otra. De lo contrario, se incentiva la impunidad.

POR ESO ABOGAMOS POR:

  1. Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
  2. Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
  3. Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
  4. Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
  5. Transparencia absoluta y acceso a la información. 
  6. Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social.  

Comparte este mensaje en tus redes y súmate a los reclamos de #MásProtecciónMenosRepresión #AgitaYTransforma #DefensaPropiaOEjecucionExtrajudicial #MásValeMañaQueFuerza

Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro. Aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.

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4 Comments

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