El irregular proceso contra la Dra. Priester en Puerto Rico

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Por: Jesús Rodríguez García

Luego de que a finales del 2020 la Doctora y científica puertorriqueña Sally Priester Sepúlveda hiciera uso no solo de su Derecho a la Libre expresión, sino, de la Libertad de Investigación Científica, expresando su opinión sobre el evento histórico conocido como la Pandemia del coronavirus, la clase médica local se ha expresado de manera virulenta y con violencia contra esta.

La Dra. Priester nunca ha sido demandada ni querellada por paciente alguno en más de 20 años de carrera médica. Las querellas en su contra por sus pares, son el resultado de sus expresiones al cuestionar los protocolos médicos aplicados durante la llamada emergencia del coronavirus y las restricciones de los derechos civiles por parte del gobierno.

Contrario a la gran mayoría de los médicos del país, nunca cerró su consultorio durante el cierre total. Recientemente publicamos un reportaje donde ésta hace públicos los protocolos que utiliza con sus pacientes. Ninguno ha muerto ni han sido diagnosticado positivo al llamado covid. Los diagnósticos que ha atendido son influenza, micoplasma y los catarros comunes. (Lea el reportaje)

Poco tiempo después de sus declaraciones, una querella se había radicado contra ella en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM).

Fue el propio presidente del CMCPR el doctor Víctor Ramos, quien escribió una carta a la JLDM solicitandoles que iniciara una investigación «motu propio» sobre sus declaraciones. En la misma se le acusa de violar más de 21 cánones éticos de la profesión médica por solo expresar como científica y doctora lo que piensa de la actual situación epidemiológica.

Posteriormente, la JLDM cita a Priester Sepúlveda para el 17 de febrero de 2021 y así dar inicio al proceso investigativo. Cuando la científica se percata de quienes son sus acusadores, inicia un proceso de investigación que la llevan a descubrir que el CMCPR no tiene facultad para querellarse contra ella ya que veinte años atrás, había perdido su personalidad jurídica al ser descertificada como corporación en el Departamento de Estado de Puerto Rico. (Lea el detalle)

Con una simple lectura del Artículo 6 de la ley 56 del 13 de julio de 2001, denominada «Ley del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico» dice lo siguiente:

“Artículo 6.- Facultades para referir querellas-

 El Colegio tendrá facultad para recibir e investigar  las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en el ejercicio de la profesión y después de dar oportunidad de ser oídos a los interesados, en caso de encontrarse causa fundada de una posible conducta antiética o ilegal, deberá referir el expediente al Tribunal Examinador con sus observaciones y recomendaciones. Nada de lo dispuesto en este Artículo se entenderá en el sentido de limitar o alterar la facultad del Tribunal Examinador para iniciar por su propia cuenta estos procedimientos cuando así proceda de acuerdo con la ley aplicable.”

El Tribunal Examinador de Médicos, es lo que hoy se conoce como Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. El TEM fue creado bajo la Ley 22 de 1931 y se transforma en la JLDM mediante la Ley 139 del 2008.

Según el citado Artículo, se supone que el CMCPR iniciara un proceso investigativo interno y le diera oportunidad a la querellada para que explique, clarifique y se defienda de las acusaciones. Fue precisamente lo que en el caso de Priester Sepúlveda nunca ocurrió. Según se alega, el Colegio no cumplió con la Ley y el debido proceso interno. No obstante, la JLDM acogió la solicitud de Víctor Ramos sin más.

Es entonces cuando el 10 de febrero, recurre al Tribunal y entabla una demanda contra el CMCPR para que se declare inconstitucional la colegiación compulsoria y así desafiliarse del mismo por no sentirse representada. Además, solicitó un injunction contra el Colegio y la Junta de Licenciamiento para que cesen y desistan de continuar con el mencionado procedimiento administrativo.

En el pleito fue incluida la JLDM, por acoger la querella del Colegio e iniciar un proceso en su contra. Según entiende la demandante, lo apropiado sería que el organismo regulador instruya al CMCPR a que le brinde el debido proceso interno y si procede, entonces presenten la querella ante ellos. La demanda también buscaba que se cancelara la vista del 17 de febrero ante la Junta, hasta que no se dilucidara la misma. En efecto, dicha vista se pospuso para el 3 de marzo sin que el Tribunal tuviera que atender la petición establecida en el recurso.

Una fuente allegada al ente regulador nos expresó que la Junta recibió la prueba del Colegio de Médicos contra Priester antes de la primera vista pautada para el 17 de febrero. La Junta recibió y escuchó al Colegio y luego canceló la audiencia a la Dra. Priester. Al día de hoy, esa evidencia no ha sido compartida con la parte querellada para su análisis y posterior defensa.

Presentados los argumentos en la primera vista de la demanda Priester vs CMCPR y JLDM en el Tribunal de Primera instancia el 23 de febrero, el juez Alfonso S. Martínez Piovanetti les comunicó a las partes que en diez días dará a conocer su decisión.

Tres días después, el juez Martínez Piovanetti bajó con su decisión.

El Juez Superior emitió una «Sentencia Parcial» del caso. Ordenó que siguiera el proceso administrativo en la JLDM contra la doctora. Sus argumentos fueron que la Junta tiene facultades en Ley para iniciar un proceso aún sin la intervención del Colegio de Médicos. Por entender que la Junta no ha violentado los derechos a la libre expresión de Priester Sepúlveda, desestimó la demanda en su contra.

No obstante, en cuanto a lo relacionado al Colegio de Médicos, refirió el pleito a la Secretaría Regional «para que se reasigne el caso de epígrafe a la sala que corresponda para el trámite ordinario en cuanto a las reclamaciones restantes de difamación y de impugnación a la colegiación compulsoria de los miembros de la profesión médica con el
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico».

Tal y como lo ordenó el Juez, la Dra. Priester y su abogado Humberto Cobo Estrella comparecieron de manera virtual ante la Junta. Allí refutaron con evidencias científicas cada una de las violaciones que se le imputan. La vista concluyó con una solicitud hecha por el presidente del organismo el Dr. Freddie H. Román Avilés, a la doctora Priester que en tres días presentara un resumen de 20 años de su carrera como médico y evidencia científica que sustenten sus declaraciones públicas sobre la pandemia. Además, se fijó la próxima vista para el 12 de marzo.

La Dra. Sally como le llaman muchos, hizo lo propio. Preparó un portafolio de su carrera como médico y junto a su abogado crearon y entregaron un archivo electrónico con abundante evidencia científica que tiran por el suelo la supuesta pandemia del coronavirus.

En el ínterin, la doctora había solicitado por escrito que la vista del viernes 12 de marzo fuera de manera presencial. De esa forma, contrastar y confrontar las evidencias que presentaran ambas partes. Sin embargo, nunca recibió respuestas.

En 2019, la Oficina de la Contralor Yesmín Valdivieso, publicó el informe de auditoría DA-19-24, donde hace varios señalamientos sobre las funciones de la JLDM. Entre los hallazgos, el informe señala «deficiencias en los procesos de investigación de las quejas por conducta no profesional e impericia médica presentadas a la Junta«.

Una de esas deficiencias según el informe, es el retraso para atender casos por conducta no profesional e impericia médica. Al 26 de noviembre de 2018, según certificación emitida por la directora ejecutiva Lcda. Norma I. Torres Delgado, «estaban pendientes de resolver 236 casos (incluyen quejas y querellas) de conducta no profesional, y el más antiguo correspondía al 2007.

Además, al 3 de octubre de 2018, se encontraban pendientes 85 quejas o querellas de impericia médica correspondientes al 2017 y 2018. Para estos casos, faltaban las vistas investigativas y los informes del oficial investigador.

Del 28 de junio de 2017 al 25 de abril de 2018, la División Legal
presentó a la Junta 271 quejas nuevas por conducta no profesional e
impericia o negligencia médica. Durante este período, la Junta ordenó
la investigación de 97 de dichos casos (36%)». Eso contrasta con la celeridad con que manejan el caso contra la Dra. Priester por tan solo hacer expresiones públicas sobre lo que piensa como profesional de una situación de salud. En este caso sobre el coronavirus.

Otros datos que deben quedar estipulados:

A. El presidente de la JLDM, Dr. Freddie H. Román Avilés fue presidente del Colegio de Médicos, entidad que es la que solicita se investigue a la Doctora.

B. Los miembros de la Junta son nombrados por el Gobernador y funcionan como prácticamente todas, responden a los intereses y política pública del gobierno de turno.

Hay quienes opinan que las evidencias presentadas por la Dra. Priester contra la narrativa que sostiene una emergencia por el covid-19 es tan fuerte y contundente que ha dejado desarmados a los integrantes de la Junta. Es por eso que no celebraron la vista pautada para el 12 de marzo. Justo ese dia, una treintena de personas se manifestaron frente a las instalaciones del Organismo, en apoyo a la Dra. Sally Priester y para defender la Libertad de Expresión.

¿Estarán planificando su próximo paso? ¿Soportarán que una sola doctora en el país derrote el bien orquestado plan y ponga al resto de la clase médica en ridículo?¿A quién responde la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico? ¿A la verdad o a la mentira?

Son seis abogados muchos de ellos pagados con fondos públicos, los que litigan contra la Doctora y su único abogado.

La científica que descubrió la falta de legitimidad del Colegio de Médicos, ¿tendrá algo que decir sobre las interioridades de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica?

1 Comment

  1. Increíble lo que la prensa es capaz de desinformar. Un colegio de médicos que no existe no puede denunciar a la Dra. Sally que ha mantenido una excelente trayectoria en la medicina.
    Y me sigo preguntando … por qué no permiten que se exprese ?
    Porque no juega el mismo juego que los demás ( gobierno) ?

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