Washington y San Juan: Dos ciudades cada vez más distantes

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 Por Jesús Dávila

Una marcha de miles de trabajadores logró lo que parecía un imposible, cuando la Cámara de Representantes rechazó la orden de la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos de entregar cientos de millones de dólares a la empresa designada por el Gobierno para quedarse con la Autoridad de Energía Eléctrica. Fue una victoria en una primera escaramuza y todavía la Junta puede derribar de un plumazo la decisión de la Legislatura puertorriqueña, pero quedó claro que en la capital de Puerto Rico comenzó a hacerse visible el sendero hacia una nueva rebelión. Eso pasó este12 de mayo, día en el que se conmemora el bombardeo de San Juan en 1898, con el que comenzó la ofensiva estadounidense contra Puerto Rico en la Guerra Hispanoamericana.

Mientras tanto y como si nada estuviera ocurriendo en San Juan, en Washington se lleva a cabo la preparación final para presentar ante el pleno del Senado la reforma electoral federal, que incluye un plan de reorganización electoral y mayor asimilación política de todos los territorios isleños bajo dominio de EEUU en el Caribe y el Pacífico. La propuesta pasó, el 11 de mayo, la etapa de revisión en el Comité de Reglas y, al cierre de esta crónica, el jueves13 de mayo, estaba en el calendario de trabajo del día atender el asunto por parte del caucus de la mayoría demócrata. En la etapa de revisión del Comité, donde la votación final fue un empate nueve a nueve, quedó claro sin embargo que los demócratas fueron capaces de aprobar varias enmiendas con el concurso de votos republicanos. Eso abrió la posibilidad de acuerdos para evitar que los republicanos usen el arma de alargar el debate indefinidamente -conocida como “filibusterismo”- para obstaculizar la aprobación de la reforma.

Por supuesto, la distancia entre Washington y San Juan sigue fija en 2.560 kilómetros en los mapas geográficos, pero los mapas de la política son otra cosa. En Puerto Rico, la institucionalidad política en general guarda silencio sobre la reforma, como si no existiera. Sólo Manuel Natal, que dirige el partido Movimiento Victoria Ciudadana, ha dicho estar al tanto y que, en un viaje reciente al Congreso estaba preparado para fijar su posición, pero que no hubo la oportunidad. En Washington, el Comité de Reglas del Senado discutió muchas enmiendas, pero no hubo ni una sola mención al tema de los territorios. A lo que sí se le ha dado cierta promoción, en la Cámara, es a una resolución para expresar desacuerdo con la jurisprudencia basada en la condición de “raza extranjera” inferior que se adjudica a los pueblos isleños, por lo que esas colonias “pertenecen a, pero no forman parte de” EEUU. El propósito es promover que el Tribunal Supremo actualice su evaluación y establezca que las colonias son parte de la nación, más cónsono con la política pública del nuevo gobierno demócrata.

Pero la situación real en Puerto Rico se ha deteriorado tanto que al repudio de la entrega de la AEE al consorcio norteamericano LUMA ya se han sumado la Asociación de Industriales, la Asociación de Mayoristas Importadores, la Iglesia Católica, denominaciones protestantes y diversos sindicatos, desde los de maestros y los gremios de la Universidad de Puerto Rico, hasta los de otras agencias y corporaciones públicas y de la empresa privada. La poderosa estación radial WAPA Radio emitió un editorial denunciando el contrato como un robo y un engaño. En abril, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), comenzó las movilizaciones y aprobó un voto de huelga. El Primero de Mayo, media docena de caravanas de sindicatos y grupos sociales recorrieron la capital y esta semana se produjo la primera marcha multitudinaria de protesta desde que comenzó la pandemia, hace más de un año.

No se trata, sin embargo, que la UTIER y sus aliados sean los únicos que difunden mensajes. Un periodista muy influyente, que en el pasado aceptó un contrato para tratar de descarrilar protestas sociales, estaba el mismo día de la marcha planteando que la UTIER tiene el deber de rendirse para que los empleados de la AEE puedan entregarse sin temor a LUMA. El presidente del Consejo Estatal de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, ha dicho desde el principio que si el gobernador, Pedro Pierluisi, no anula el contrato de entrega de la AEE a LUMA, tendrá que abandonar el cargo. Su declaración tenía como referente las intensas jornadas de protesta y levantamiento popular en 2019 que culminaron con el derrocamiento del entonces gobernador Ricardo Rosselló, en lo que se conoce como “el verano del diecinueve”.

Ya se oyen voces sobre “el verano del veintiuno”, pero Figueroa Jaramillo no esconde su conocimiento de que la UTIER está impulsando una lucha muy difícil.“ Esto se trata del futuro de Puerto Rico”, dijo durante la marcha de esta semana Figueroa Jaramillo. En una entrevista durante uno de los piquetes previos a la marcha de esta semana, el veterano líder sindical Ricardo Santos -ex presidente de la UTIER- contestó preguntas sobre la perspectiva de la lucha y dijo que todo dependerá de si se logra la movilización del pueblo entero. Santos dijo que está firme en “la esperanza de que (a LUMA y el Gobierno) es posible derrotarlos”, pero que si se produjera una derrota “yo moriré con las botas puestas”.

El mismo día de la marcha, el gobernador Pierluisi se fue a Washington en lo que fue descrito como un “viaje oficial” y estará en la capital de EEUU hasta la semana que viene. El mismo día también, una muchacha de escuela secundaria, salió de su casa al amanecer con una bandera de Puerto Rico y le dijo a su mamá que iba al castillo de San Felipe del Morro, en la entrada de la Bahía de San Juan, a protestar por el bombardeo de 1898 por parte de la Armada de Estados Unidos.

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