Representante Lisie J. Burgos Muñiz propone investigar el manejo de la Pandemia COVID-19 por parte del Ejecutivo

Share with:


La portavoz en la Cámara de Representantes Lisie J. Burgos Muñiz radicó la Resolución de la Cámara 477 a los fines de realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de la Rama Ejecutiva.  

“Si bien es cierto que actualmente la pandemia del COVID-19 ha representado un problema de salud y seguridad pública que ha provocado cambios sustanciales en el modo de vivir de todos los residentes y visitantes de Puerto Rico, no es menos cierto que el manejo de la referida pandemia por parte del ejecutivo no ha estado exento de serios y recurrentes cuestionamientos por parte de la ciudadanía y miembros de la clase científica y médica”, aseveró Burgos Muñiz. 

A la también Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores le ocupa que desde el inicio el Departamento de Salud ha tenido serios cuestionamientos y señalamientos ante errores, retrasos, facturas infladas, burocracia y hasta la otorgación de contratos dudosos, entre suplidores y funcionarios con vínculos e intereses político-partidistas. Ejemplos de esto: (1) en el año 2020 el referido Departamento no pudo precisar cuántas pruebas rápidas se habían realizado; (2) algunas de las contrataciones celebradas por el Gobierno de Puerto Rico en el contexto de la pandemia, han sido objeto de señalamientos por irregularidades; (3) la compra de pruebas de Covid-19 a sobre precio a una corporación no dedicada a esos fines;    (4)  durante el pasado mes de abril de 2020 salió a la luz pública que la Rama Ejecutiva pretendía otorgar un contrato por $2.2 millones de dólares, para la compra de ventiladores, con una corporación que opera un colmado en el área de Santurce; (5)  en septiembre de 2020, el Departamento de Salud detuvo la realización de pruebas de COVID-19 a través del laboratorio de referencia Quest Diagnostics Puerto Rico, con el cual tenía un contrato de $7.5 millones por la inusual cantidad de pruebas positivas, que al ser revisadas por el Departamento de Salud resultaron ser negativas.  

“Todas estas acciones, no solo han contribuido a que impere la desconfianza en cómo el Gobierno de Puerto Rico ha enfrentado la pandemia del Coronavirus, sino que también ha puesto en tela de juicio la confiabilidad de las estadísticas emitidas por el Departamento de Salud respecto al número de personas contagiadas con el virus y a las muertes relacionadas a la pandemia. Y por si esto fuera poco, según lo proyectado el año pasado por el Task Force del COVID-19, conforme al reportaje de Periodismo Investigativo, “[l]os ventiladores disponibles en Puerto Rico, que no son exclusivamente para los pacientes del COVID-19, no serían suficientes para atender entre 15,800 a 20,250 pacientes críticos que requerirían su uso para salvar sus vidas”. Por lo que también, desde el inicio impera un ambiente de desconocimiento en relación a cuántos ventiladores hay disponibles para mantener un manejo efectivo en las hospitalizaciones.  

Por otro lado, según los propios datos oficiales del Departamento de Salud, desde el inicio de la pandemia, ciento treinta mil quinientos noventa y nueve (130,599) puertorriqueños se han contagiado con el virus del COVID-19. Los casos han sido diagnosticados a través de una prueba molecular sin que necesariamente los pacientes hayan sido examinados por un médico. Esta situación se torna preocupante, especialmente cuando se toma en cuenta que el pasado 21 de julio de 2021 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), emitieron una alerta a los laboratorios en la cual le recomendaban sustituir las pruebas CDC 2019-nCoV RT-PCR por otro tipo de prueba de detección de este virus aprobada por la FDA.

En dicha alerta el CDC recomendó que las nuevas pruebas tuvieran la capacidad de facilitar la distinción entre el virus de la influenza y el COVID-19.  Es decir, la recomendación realizada por el CDC presume que las pruebas tipo CDC 2019-nCoV RT-PCR, utilizadas actualmente, no distinguen adecuadamente entre el virus de la influenza y el COVID-19.  

Por último, a este ambiente de desconfianza se le suma que, desde el principio, el pasado secretario de salud, Lorenzo González, reconoció que los hospitales no han llevado a cabo un proceso para certificar que la persona fallecida en el hospital es por causa del COVID-19. Esto es un factor determinante y esencial para tener datos claros sobre el estatus real de la letalidad de este virus en Puerto Rico. Ante esta incongruencia, el Instituto de Ciencias Forenses ha enfrentado serios obstáculos respecto a la confiabilidad de la prueba molecular. Lo que provoca serias dudas en como la alta jerarquía de la salud pública del país realiza sus propias gestiones administrativas y en cómo las pruebas a los cadáveres por parte de Ciencias Forenses podrían arrojar un resultado de dudosa confiabilidad.  

Ante tantos desaciertos de la Rama Ejecutiva, cierres totales, renuncias de profesionales y científicos, por el alegado mal manejo de la información de este virus, es insostenible que se pretenda de manera totalitaria imponer a la ciudadanía vacunarse y obtener un pasaporte de vacunación para poder vivir o visitar Puerto Rico. Ante este panorama muy peligroso para la democracia es meritorio que la Rama Ejecutiva presente los datos correspondientes a todo lo relacionado con el manejo responsable, confiables y honestas relacionadas a la pandemia, para la tranquilidad del pueblo al momento de tomar decisiones sobre su salud», expresó consternada la Portavoz de la Cámara de Representantes.   

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*