Por: Jesús Dávila
La excampeona nacional ecuestre Nina Droz, quien cumplió varios años de prisión por el alzamiento del Primero de Mayo de 2017, lleva ya casi dos meses de encarcelamiento sumario por una intervención policial no aclarada en su contra, casi todo el tiempo sin abogado y en un proceso afectado por varias irregularidades.
Al cierre de esta crónica, todavía no había información sobre si la Sociedad para la Asistencia Legal había determinado si asumiría la representación de la famosa patriota o siquiera si había logrado entrevistarla en la cárcel para evaluar su caso. El nuevo encarcelamiento de Droz ocurrió varios años después de que se filtrara un documento del Departamento de Justicia de Puerto Rico en el que se consignaba la intención y disposición de volver a proceder contra ella luego de que el Gobierno Federal de Estados Unidos terminara con su caso.
El nuevo arresto ocurrió en momentos en que Droz se encontraba en “probatoria” y con esta intervención, le ha sido suspendida la condición de libertad bajo supervisión, sin que todavía se haya tomado determinación sobre qué hacer con ella. El nuevo capítulo de la historia de Nina Alejandra Droz Franco, que más pareciera sacado de los relatos de las desventuras de un perseguido por la Policía en la novela “Los Miserables” de Víctor Hugo, comenzó el 29 de enero pasado, a bordo de un autopatrulla de la Policía Municipal de Guaynabo.
Según la querella 2022-7-132-000590, Droz estaba siendo transportada hacia un cuartel policíaco cuando logró quitarse el cinturón de seguridad y romper el cristal trasero izquierdo del vehículo. Esa querella “190” se cumplimentó ese día 29 de enero, cuando los policías municipales, en lugar de llevarla a su propio cuartel o al tribunal, se la entregaron a la Policía de Puerto Rico, y mostraron el cristal roto del auto patrulla. Eran las 10:28 de la noche. Más de una hora después, a las 11:44 de esa misma noche, fue que se cumplimentó la querella 2022-7-132-000592, en la que se consignó una posible razón para que estuviera bajo custodia policial. En esa querella tardía se indica que los policías municipales la detuvieron porque ella había agredido con las manos y piernas a un hombre en un restaurante de Guaynabo, pero se consigna que no se presentarían cargos por “falta de interés del querellante”.
Esas querellas no aclaran por qué fue arrestada si nadie la estaba denunciando, ni la circunstancia particular de cómo pudo haberse quitado el cinturón de seguridad cuando se supone que antes de meter a un detenido en un autopatrulla se le inmovilizan las manos con esposas. El caso es que, al otro día, 30 de enero, se le llevó ante un magistrado que la acusó por el cristal roto y por agredir a una mujer policía mientras estaba detenida, aunque esa otra querella no apareció en una revisión que se hizo del sistema digital de registro de querellas.
Además, la Policía de Puerto Rico notificó a las autoridades federales de EEUU, por lo que fue enviada a la cárcel federal en lo que se determina si se le revocará permanentemente la probatoria y donde ha permanecido virtualmente aislada desde entonces. En el informe del Tribunal Federal para la suspensión de la probatoria hasta que se lleve a cabo una vista en su fondo se indica que la intervención policial con Droz se produjo en el restaurante de Guaynabo, de donde “fue sacada” por los policías municipales por haber incurrido en “conducta disruptiva”, sin dar mayores explicaciones.
Se indica que los demás hechos ocurrieron luego de ya estar bajo custodia. En el proceso judicial en el Tribunal de Bayamón también se han producido situaciones difíciles de explicar. El abogado que se suponía la representaba pidió al tribunal que le relevara del caso porque después de una única entrevista con la prisionera, esta le notificó que no le interesaban sus servicios por entender que dicho abogado “tiene un serio conflicto de interés”, cosa que no fue aclarada.
Además, un alguacil dijo que en la cárcel federal un oficial carcelario le dijo que Droz decía que no tenía “interés” en ir ante el juez. Así las cosas, el tribunal determinó causa probable para juicio por el criterio de “incomparecencia” y sin siquiera pasar revista a la prueba de cargo. En dos ocasiones adicionales se trató de llevar a cabo la vista para la lectura de acusación y no se pudo efectuar porque la acusada seguía sin comparecer y, el alguacil amplió su explicación diciendo que en la cárcel federal le habían relatado que Droz no reconocía la competencia del Tribunal de Puerto Rico para juzgarla.
La semana pasada, el ministerio fiscal solicitó que el tribunal procediese con el juicio en ausencia porque Droz se estaba burlando del sistema de justicia de Puerto Rico. La sorpresa fue que entonces el juez consignó que tenía en su poder una carta de diez páginas que le había hecho llegar Droz de alguna manera en la que, además de relatar las condiciones de su encarcelamiento y su condición de salud, solicitaba respetuosamente que se permitiera su comparecencia a través de las cámaras de computadoras. El juez ordenó que se hicieran las gestiones para solicitar a EEUU el traslado de la presa a una cárcel de Puerto Rico en la que fuera viable su comparecencia electrónica, además de impartir instrucciones para que la Sociedad para la Asistencia Legal hiciera los trámites para entrevistarla y determinar si podía hacerse cargo de su defensa.
El juez encargó el tema de los abogados de Asistencia Legal a la madre de Nina, Doña Aurea Franco, quien se ha mantenido asistiendo estoica y sola a todas las audiencias del tribunal. El magistrado, sin embargo, indicó que no podía asegurar cuál sería la determinación que tomase el Gobierno de EEUU ni cuándo podría ocurrir el traslado. Los asuntos quedaron pendientes para atención judicial en una audiencia el mes próximo.
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