Senado aprueba ayuda a CDT y Centros de Salud Familiar ante COVID 19

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Ordena a Hacienda a proveer Asistencia de Emergencia a corporaciones e instrumendalidades públicas y detienen por el momento privatización WIPR

Ante la crítica situación que enfrentan los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y Centros de Salud Familiar (CSF) provocada por la pandemia del COVID 19, el Senado aprobó hoy que el Comité de Supervisión de Desembolsos creado mediante Orden Ejecutiva, les provea los fondos para cubrir los gastos necesarios y adecuados y de esta manera mantener sus operaciones a flote ante esta emergencia de salud pública. Esto, según la Resolución Conjunta del Senado 592, radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el senador Ángel Martínez Santiago, sólo aplicará a los CDT y CSF que no estén afiliados a un sistema hospitalario, cuyos operadores y/o administradores sean corporaciones, compañías o cualquier otra entidad privada, organizaciones municipales o el Departamento de Salud, cuyas licencias operacionales se encuentran vigentes a la fecha de la aprobación de esta pieza legislativa. 

Esta medida tuvo el aval de todos los senadores presentes.  Los fondos a utilizarse serán provenientes del ‘Coronavirus Relief Fund (CRF)’, según las guías del Tesoro Federal y las disposiciones del ‘Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act’. “Ante el estado de pandemia, son los centros de atención primaria, los CDT y los CSF la unidad sanitaria por excelencia para el diagnóstico y manejo de miles de pacientes. Sin embargo, la importancia de estos centros toma relevancia cuando reconocemos que en muchos de nuestros municipios es la única facilidad de salud con la que cuentan”, aseveraron los senadores en la pieza legislativa radicada el pasado 14 de septiembre.  Para cumplir con esta encomienda el Comité, el cual estará compuesto por personal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la  Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda en conjunto con el Departamento de Salud, deberá coordinar, fiscalizar y supervisar los fondos.

También, crear un programa para asistir económicamente a estas instituciones de salud, el cual estará sujeto a las recomendaciones que tuviese el Departamento de Salud y se asegurará del uso adecuado de estos fondos así como crear las guías y parámetros aplicables para su desembolso.  El Comité fijará la cuantía que será asignada para asistir a cada institución, luego de evaluada la solicitud y transferirá los fondos al Departamento de Salud, para su asignación final.  Otra pieza legislativa aprobada y enfocada en el COVID 19 es la Resolución Conjunta del Senado 594 de la Mayoría Parlamentaria que ordena al secretario de Hacienda, Francisco Parés, a proveer uno o más préstamos o extender una o más facilidades de crédito o desembolsos (Asistencia de Emergencia) a las corporaciones e instrumentalidades públicas bajo los términos, condiciones y garantías que se acuerden por escrito con Hacienda.  

La Asistencia de Emergencia, que será hasta el 30 de junio de 2021 y con previa autorización de AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sólo podrá usarse para sufragar gastos presupuestarios de las entidades gubernamentales prestatarias.  El repago de la Asistencia de Emergencia se podrá realizar mediante el mecanismo de compensación, a discreción del secretario de Hacienda, así como los reembolsos de los fondos estatales o federales distribuidos para tales propósitos.  Toda transacción realizada con los referidos fondos estará sujeta a evaluación por la Oficina del Contralor.  Según establecido en la Resolución Conjunta, las disposiciones de la misma no podrán interpretarse como una autorización a cualquier entidad de gobierno para realizar cualquier desembolso “en menoscabo del pago de nómina y gastos relacionados de los empleados cuyos fondos provengan del Tesoro Federal”.  

La pieza legislativa fue aprobada con 17 votos a favor y cinco en contra de los senadores José Vargas Vidot, Eduardo Bhatia Gautier, Cirilo Tirado Rivera y José Luis Dalmau Santiago.   Amplía período renovación de licencias de conducir También, se dio paso ampliar el término de renovación de la licencia de conducir a ocho años con la aprobación del Proyecto de la Cámara 2036 que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de ampliar el término para solicitar la renovación de la licencia de conducir previo a su expiración. La votación de esta medida fue unánime. 

 Según la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, desde hace varios años, el sistema para la renovación de la licencia de conducir es uno extenso. Los procesos burocráticos lo convierten en uno tedioso debido a los requisitos que por ley o reglamentos toda persona autorizada a poseer una licencia de conducir tiene el deber y responsabilidad de cumplir. “Es de gran importancia para el gobierno que toda persona tenga un fácil acceso a cualquiera de los medios de servicios que son otorgados o provistos para la ciudadanía”, lee la medida. Por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en su memorial explicativo, enviado a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, expresa que el Proyecto será de gran beneficio para la ciudadanía por lo que avala su aprobación.

No obstante, entienden que al aumentar la vigencia de las licencias de conducir y tarjetas de identificación de seis a ocho años habrá una merma en los ingresos al Estado por concepto de cobro de derechos. Por esta razón sugieren que se vuelva a enmendar la ley de tránsito para atemperar los derechos a pagar proporcionalmente con el aumento de dos años en la vigencia.  En adición, según se desprende de la medida, toda licencia caducará al término de tres años de expirada. Por lo tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia transcurrido este término, deberá someterse a un examen teórico que incluirá las enmiendas más recientes a la Ley 22-200, según enmendada, así como las leyes y normas que determine el Secretario para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de la caducada.  

Asimismo se establece que toda certificación de licencia categoría 3, y cualquier otra que posteriormente designe el secretario, podrán ser renovadas en el CESCO o en el sistema en línea creado para ese propósito en el portal cibernético (pr.gov). La renovación en línea estará sujeta a que la licencia a renovarse no esté expirada, sea de formato digital, y se expida por un término de ocho años.  

En torno al Proyecto del Senado 1640, presentado ante el Senado por Administración, el cual crearía mediante ley que la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) se transfiera a una organización sin fines de lucro, el presidente del Senado adelantó que la medida no será atendida hasta tanto se reúna con todas las partes.  “Nuestro ánimo es que WIPR pueda robustecerse para Puerto Rico. Como sabemos que este Proyecto ha generado una expectativa y tensión muy particular, no le vamos a dar paso a esto hasta que nos sentemos con todas las partes …

Sin esa discusión no vamos a atender el Proyecto hasta que tengamos la oportunidad de evaluarlo en conjunto con estas personas”, argumentó Rivera Schatz desde el estrado presidencial.  

Confirmaciones De la lista de nombramientos sometidos por la gobernadora Wanda Vázquez fueron confirmados de forma unánime los siguientes:        

Lcdo Alfredo Carrión Orlandi para un ascenso a Fiscal Auxiliar IV.

Lcdo. Héctor López Sánchez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.       

Lcdo. Rolando Matos Acevedo como juez municipal del Tribunal de Primera Instancia.

Lcda. Brenda Vera Miró como jueza del Tribunal de Primera Instancia.

Lcdo Rufino Jiménez Cardona como Fiscal Auxiliar II.        

Lcda. Mónica Rodríguez Madrigal como procuradora de Asuntos de Familia.        

Juez Eric Ronda del Toro para un ascenso como juez del Tribunal de Apelaciones.        

Lcda. Lillian Mateo Santos para un nuevo término como comisionada asociada del Negociado de Energía.        

Juez Yanay Pagán Ramos para un ascenso como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.        

Lcda. Marisol Flores Cortés como fiscal auxiliar II.        

Lcdo. Hasan El Musa Espitia como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.

Lcdo. Ismael Molina Serrano para un nuevo término como registrador de la Propiedad.        

Juez Nydia del C. Ríos Jiménez para un ascenso como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.        

Lcda. Liza M. Báez Burgos como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.        

Lcdo. Alexis J. Carlo Ríos como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.        

Joanne Ferguson- Twiste para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino.

Sobre todos los nominados el presidente del Senado opinó que “no tan solo cumplen con todos los requisitos de ley y tienen las credenciales profesionales y académicas, sino que cuentan con la probidad moral para ocupar cada uno de esos cargos”. 

El próximo día de Sesión Extraordinaria será el lunes 5 de octubre a la 1:00 p.m. 

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