Denuncian interés de Rivera Schatz de destruir documentos públicos y posibles evidencias de casos de corrupción

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“Thomas Rivera Schatz quiere legalizar la destrucción de evidencia”- así reaccionó la candidata al senado por el Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde tras una conferencia de prensa acompañada por una decena de historiadores e historiadoras y bibliotecarios frente al Archivo General de Puerto Rico. 

“El proyecto del Senado 1661, pretende destruir el Archivo de Puerto Rico con enmiendas dañinas la ley Num. 5 aprobada en 1955, fue radicada en julio del 2020 y aprobada en sesión extraordinaria. En la práctica anulan el poder fiscal y legal del Archivo y del Archivero General de Puerto Rico para ejercer su papel de custodio oficial de los documentos de las agencias del país. Legislar para esto es una forma de no poder fiscalizar los manejos de los fondos y de las propias administraciones de gobierno, es una forma de esconder la corrupción. Y evitar la transparencia de gobierno. En otras palabras, es la forma de borrar el tracto de sus fechorías”, expresó Ada Alvarez Conde, quien posee un doctorado en historia de Puerto Rico y su tesis fue sobre la Ley Núm. 5 de 1955 que recopila información del Archivo desde su creación y los presupuestos asignados desde el 1985 así como la política cultural sobre patrimonio documental. 

“Esta ley se presentó sin consultar con el Archivo, sin consultar con su directora, ni el personal especializado del Archivo a espaldas del país, El proyecto agrede y lesiona la memoria histórica del país y el patrimonio documental del país”, expresó Alvarez. En una ponencia enviada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña firmada por su director Carlos Ruiz expone: “El nuevo artículo propuesto elimina la intervención del Archivero General en la decisión final sobre la conservación de documentos físicos. Si estos son destruidos, sin la consulta de los expertos, miles de documentos históricos y de valor permanente no estarán disponibles para el uso público”, y más adelante señala que NO están a favor de que se apruebe el mismo en una sesión extraordinaria. 

Este proyecto fue sometido el 24 de julio, aprobado el 28 de septiembre y espera por la Cámara ante una posible sesión extraordinaria el 5 de octubre 2020.

El Proyecto del Senado 1661 dispone que los jefes de agencias podrán autorizar la destrucción de documentos a partir de los tres meses posteriores de la producción o reproducción, sin sujeción a la autorización o la intervención de ninguna otra entidad pública

“Esto es una afrenta a la justicia y hago un llamado a la intervención ahora antes que sea tarde. Desde ahora vemos la intención de destruir evidencia y eso hace que los casos de corrupción se queden impunes y no paguen las consecuencias. Estamos hablando de documentos de vivienda, donde se podría investigar tu hogar renace; documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Familia, de Educación donde ahora mismo hay una acusación federal, de Salud donde hubo recientemente una investigación con la compra de pruebas. Esto enfrenta hasta la libertad de prensa, porque hasta coarta los documentos que tendrían ante una petición de información. De lo que se trata es de validar la corrupción y tratar de legalizar la destrucción de evidencia” denunció Alvarez.

Por último, Alvarez Conde recordó que el Archivo General se llama Ricardo Alegría y el año que viene éste cumpliría 100 años, es una afrenta a su memoria y los logros que se hicieron culturales. “Esto es un ataque a la cultura, a la memoria. Que quede claro, el archivo es el custodio de la memoria y le pertenece al pueblo, no es un almacén del gobierno”, puntualizó Alvarez. 

Calce: Dra. Ada Álvarez Conde en conferencia de prensa frente al Archivo General de Puerto Rico junto a profesores universitarios y especialistas en documentación pública.

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